JEP vincula a los generales Uscátegui y del Río en investigación por muerte de miembros de la UP

De acuerdo con la Fiscalía, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física y psicológica.

La UP ha sido reconocida como sujeto colectivo de reparación, luego de los informes presentados por la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica. El partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y solo la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado.

Según el alto tribunal las agresiones que sufrieron los miembros de la UP tuvieron como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia. La Fiscalía General de la Nación establece que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos.

Los tres informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país.

La Sala de la JEP indicó que los informes señalan como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares que actuaron a través de diferentes alianzas criminales público-privadas. Entre los investigados se encuentran los generales en retiro Rito Alejo del Río y Jaime Uscátegui; 16 miembros de la fuerza pública relacionados con este caso se han acogido hasta el momento a la justicia transicional.

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