¿Por qué está en el ojo del huracán, Héctor Aníbal Ramírez?

Para la Fiscalía, la adición presupuestal a contratos de alimentación escolar en los años 2010 y 2011, por parte de la Alcaldía de Neiva, violó el principio de anualidad, pero además, dejó ver una presunta celebración indebida, e interés indebido en los mismos.

Narra Héctor Aníbal Ramírez, ex alcalde de Neiva, que en 2008 cuando llegó a la Administración Municipal, a pesar de ordenar iniciar el contrato de alimentación escolar para los niños de las instituciones educativas de la ciudad, lo más pronto posible, éste sólo salió a partir de mayo de ese año. Eso lo llevó a buscar salidas jurídicas para que desde el día uno del calendario académico, suministrar el servicio. La alternativa era suspender el contrato vigente a final de año, y al reanudarlo en la vigencia siguiente, se le adicionaran los recursos para que durante los primeros meses del año, los estudiantes contarán con el complemento alimenticio.

Así lo hizo de hecho los años 2010 y 2011. Según la Fiscalía, el 4 de agosto de 2009 suscribió el contrato 626 de 2009, por valor de $1.506.960.000 al que le hizo una adición por la suma de $677.040.000, a inicios del 2010. Luego, firmó el contrato 385 del 12 de julio del año 2010 por $1.746.244.500, el cual suspendió a finales de año; y en 2011, al reanudarlo, le adicionó $861.783.000.

No obstante y aunque garantizó el servicio desde el día uno, para la Fiscalía, el ex mandatario violó el principio de anualidad, pero además habría incurrido en celebración indebida de contratos y en interés indebido en la contratación, pues al final de cuentas, se terminó beneficiando una misma firma: Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, cuya representante legal es Luisa Fernanda Flores, la misma que hoy está condenada a 42 años de cárcel, por el detrimento a la alimentación escolar en Santander.

Por esa decisión administrativa, la Fiscalía abrió investigación contra el exmandatario y cuatro ex funcionarios de su administración: Euclides Dussán García, exjefe de contratación; y Enrique Vargas Leyva, exsecretario de Educación y hoy rector de un colegio en la capital huilense, además de María Cristina Forero Vargas y a Daniel Francisco Alvira Trujillo. Y por supuesto la representante de la firma contratista.

Esa vinculación los llevó a la imputación de cargos el pasado mes de noviembre y a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento celebrada el pasado lunes 4 de febrero, donde al final el juez determinó cobijarlos con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, que le impide salir del país, pagar una caución de 5 salarios mínimos, y presentarse con periodicidad ante la justicia.

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