Hay una relación entre política y narcotráfico en Pitalito: Fiscal Huila

Por primera vez, habló para un medio de comunicación regional, el director de Fiscalías del Huila, Justino Hernández, sobre la relación del alcalde de Pitalito, Miguel Rico, con el homicidio del abogado Luis Gerardo Ochoa.

Una larga investigación de la Fiscalía desde el año 2015, sobre el narcotráfico en Pitalito y la relación con círculos de la política de ese municipio, es la base del proceso que se adelanta contra el alcalde del Valle de Laboyos, Miguel Rico Rincón. Para la Fiscalía, y así lo consideró el Juez Noveno del Circuito Judicial de Paloquemao con funciones de control de garantías, el año anterior, cuando decretó la orden de captura contra el mandatario; existe una estrecha relación entre los determinadores del homicidio del ex personero Luis Gerardo Ochoa, y el Alcalde. Y el sustento legal de esta acusación, que será expuesta el próximo primero de marzo, en una nueva audiencia, está soportado en seguimientos, testigos, y otros elementos que la Fiscalía ha documentado en los últimos años.

El caso de la muerte de Ochoa, considerado el primer líder social asesinado en el Huila y que está relacionado con la denuncia de hechos de corrupción, hace parte de un proceso más amplio y que ha logrado establecer la Fiscalía: la relación entre el narcotráfico y la política. De hecho, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en su informe presentad el año anterior, hizo mención a este tema. “La OACNUDH resalta la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre supuesto lavado de dinero por parte de organizaciones criminales, nacionales y transnacionales, que presuntamente involucran a funcionarios del municipio de Pitalito, Huila, así como a reconocidos empresarios locales. La investigación vinculó a los supuestos perpetradores de lavado de activos con al menos dos asesinatos de defensores de derechos humanos ocurridos en 2015 y 2017, mismos que estaban investigando estos casos de corrupción”, señaló.

Esos homicidios son, además del de Ochoa, el de la comunicadora Floralba Núñez, ocurrido en el año 2015. Desde ahí inició este proceso que ha permitido establecer, para la Fiscalía y la ONU, que existe un entramado entre el comercio, la política y el lavado de activos, producto del narcotráfico, en Pitalito.

"Con la ONU, hemos venido haciendo seguimiento a la mezcla entre Política y Narcotráfico en Pitalito. Conocemos toda la cadena de producción y distribución de narcotráfico en el sur del Huila", dijo Justino Hernández, director de Fiscalías en el Huila, en entrevista con Huila Stereo. Incluso, "por el modus operandi”, dice el Fiscal, “los homicidios de Floralba Núñez y Gerardo Ochoa, sí pueden tener alguna relación”, agregó Hernández. Y añadió: “Para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en su informe, hay una relación directa con la denuncia de estas personas, sobre hechos de corrupción".

Y es que aunque en el caso de Floralba, las autoridades están aún tras la pista del autor intelectual del homicidio, creen que estaría relacionado con esta misma relación criminal. Lo que sí es cierto, es que tanto el crimen de ella, como el de Ochoa, están relacionadas con investigaciones y denuncias sobre corrupción. En el caso puntual del abogado, asesinado en abril de 2017, había descubierto la estafa alrededor de un lote en el que se iba a construir un proyecto de vivienda, y la supuesta relación con este, del actual mandatario, Miguel Rico Rincón. Incluso, señala el fiscal Hernández, que al Alcalde, lo liga también con esta organización, la relación con Mauricio Parra, condenado por narcotráfico, y quien estuvo vinculado a la campaña de Miguel Rico Rincón a la Alcaldía en el año 2015. Esta persona, dijo el Director de Fiscalías, está relacionada con el crimen de Gerardo Ochoa, en condición de determinador.

"El asesinado fue días antes al despacho del Alcalde, y le dio a conocer todo lo que sabía del caso", agregó Hernández, al justificar el proceso que asiste contra el actual mandatario de los laboyanos, y que ayer tuvo un nuevo capítulo, cuando una Juez de Neiva, levantó la medida de aseguramiento domiciliaria, que existía desde agosto del año anterior.

Y es que según el jefe del ente acusador en el departamento, la tarea la han hecho, y las pruebas ante este caso están ajustadas a la valoración fáctica que establecen los estándares internacionales. De hecho, por ello, un juez de Bogotá, con funciones de control de garantías, decidió emitir la orden de captura contra el mandatario, como contra otros nueve de once procesados más, y posteriormente establecer su privación de la libertad. "Impacta la valoración que ayer se hizo por parte de la Juez. Hay una valoración que había hecho un juez en Bogotá, apegada a los estándares internacional en la valoración de pruebas, y determinó mandarlo a la cárcel", dijo el fiscal. No obstante, y aunque lamentó el levantamiento de la medida, dijo que confía de la calidad de los jueces del Huila. "Los jueces del Huila sí inspiran confianza, pero hemos pedido que ciertos casos, ante la gravedad de los sujetos, tuviesen actuaciones procesales en otras regiones del país, para evitar las presiones locales".

Precisó que el caso continúa y rechazó aquellos que en esta etapa salen a decir que han sido absueltos. "Los procesados han salido a decir con bastante cinismo, que los absolvieron. Eso no es cierto. No hay sentencia absolutoria y el 1 de marzo los vamos a llevar a juicio", dijo en relación del caso del Alcalde.

Dijo finalmente que "el sistema de garantías es hoy muy bien aprovechado por el delincuente de cuello blanco. Ellos saben que el caso lo pueden manejar tres jueces que son tres escenarios diferentes y entran a jugar un papel importante en la estrategia jurídica”. El Fiscal remató diciendo que lamentablemente hay muchos casos de corrupción en el departamento, 2.300 en total, para sólo seis fiscales, lo que a veces lleva a demoras en los resultados en corto tiempo.

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