En total de 71 personas murieron en cuatro días, entre viernes, sábado, domingo y lunes, en el Meta víctimas de la covid– 19 que ya deja un total de 1.668 víctimas desde que empezó la pandemia.

Las UCI siguen al 100 por ciento y los dos únicos hospitales grandes que tiene en el departamento, están declarados en emergencia funcional. Las autoridades mantienen la alerta roja en todo el sistema de salud del Meta.

Hay más de 90 personas esperando una cama de cuidados intensivos, situación que se está resolviendo con el traslado a sus lugares de origen de los pacientes que no son del Meta, según dijo Giovanny Beltrán secretario de Salud del departamento.

En medio de la dura crisis sanitaria que padece el departamento se confirmó que 2.119 personas se han recuperado y 141 están en UCI, según dijo el funcionario quien invitó al autocuidado y a la vacunación en todos los municipios hospitalaria por cuenta de la covid-19. 

Las autoridades de salud de Floridablanca, Santander, recibieron una denuncia a través de las redes sociales sobre un presunto cobro de 500.000 pesos por recibir la vacuna contra el covid-19.

El hecho habría quedado evidenciado en unas conversaciones de WhatsApp en las que una mujer identificada como ‘Yadira’ le ofrece al denunciante la aplicación de la vacuna a cambio de un monto de dinero.

La mujer que está ofreciendo la vacuna le responde: “Gratis para los que están priorizados y cumplen los requisitos”.

Según el denunciante, la mujer llega al punto de vacunación sobre ruedas ubicado en Floridablanca en el vehículo de las personas que compran las vacunas y allí se baja, habla con el personal que las está aplicando, recibe el dinero y las personas son vacunadas.  Las autoridades están buscando a la mujer que se denomina 'Yadira' para llegar a los responsables de este posible ilícito.

Ángela María Orozco, ministra de transporte salía del evento en el que se presentaba la segunda línea del Metro de Bogotá en la localidad de Suba, cuando

fue atacada con piedras la caravana de vehículos en la que se movilizaba

En las últimas horas se registraron enfrentamientos en el sector de Fontanar del Río entre manifestantes y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Las autoridades señalaron que un grupo de manifestantes estaba esperando la salida del presidente Iván Duque de la reunión.

En medio de los enfrentamientos, agentes del Esmad atacaron a los periodistas que cubrían los enfrentamientos y amenazaron a varios comunicadores.

La periodista Kathy Sánchez de RCN Radio denunció este martes que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) la agredieron cuando desempeñaba su oficio periodístico. Los hechos se registraron al término de la firma del acuerdo para el inicio de la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá, en la localidad de Suba, cuando se presentaron fuertes choques entre un grupo de manifestantes y el Esmad.

Aunque se declaró que la decisión del Tribunal de Cundinamarca había perdido validez, pues las protestas del Paro Nacional se desarrollaron a pesar de la restricción, el Consejo de Estado señaló que los límites a los derechos de reunión y a la protesta pacífica solo pueden ser fijados por el Congreso.

El Consejo de Estado dijo que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decidió suspender y condicionar las protestas convocadas para el 28 de abril y el 1 de mayo de 2021, colmó las competencias constitucionales.

La alta corte, enfatizó que los límites a los derechos de reunión y a la protesta pacífica solo pueden ser fijados por el Congreso de la República, corporación que tiene la autoridad y competencia adecuada.

El pronunciamiento del Consejo de Estado se dio al revisar en segunda instancia la decisión del Tribunal de Cundinamarca que propendía que la situación de la pandemia era una situación alarmante para Colombia que ameritaba limitar las protestas. En ese fallo se señalaba que se debían suspender las protestas; sin embargo, en segunda instancia, el Consejo de Estado puntualizó que las autoridades demandadas deberían regular el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales.

Por lo anterior, esta instancia profirió determinar “carencia actual de objeto de los expedientes de tutela”. Por esto, el Consejo de Estado hizo un señalamiento con respecto al rol del juez frente al ejercicio del derecho a la protesta. Según el fallo, los derechos no pueden ser restringidos de la manera que pretendía hacerlo el Tribunal.