Mientras la mayoría de los colombianos estamos haciendo enormes esfuerzos en lo personal, laboral y económico, hemos venido siendo testigos del festín que otros están haciendo, precisamente aprovechándose que todos los ojos del Estado se encuentran dirigidos a la emergencia sanitaria.
Gracias a la acción celera, seria y muy importante del Contralor General de la República, el Dr. Felipe Córdoba, vinimos a enterarnos que hace unas semanas se entregaron unos créditos con condiciones muy favorables a unas empresas que llamaron la atención por ser conocidas, grandes e importantes, incluso algunas de Huila aparecían en esa lista. Se trata de un programa denominado Colombia Agro Produce, pensado para ayudar en la crisis a la agroindustria afectada por la emergencia sanitaria y entonces para garantizar la seguridad alimentaria; hasta ahí todo pintaba bien, una intención loable y tal vez necesaria en tiempos de crisis. Pero luego se sabe que los primeros subsidios fueron adjudicados en tiempo record, en pocos días más del 90% de los recursos habían sido adjudicados a estas grandes empresas y un porcentaje muy menor a los pequeños y medianos agricultores. Y como en materia agrícola ya habíamos conocido el famoso caso de Agro Ingreso Seguro (AIS), pues inmediatamente surgieron dudas que incluso llevaron a que los tres entes de control se pronunciaran en una rueda de prensa y anunciaran investigaciones por estos hechos y hasta una penal al actual ministro de agricultura. Explicaciones van y vienen, seguramente lo detectado por la Contraloría puede ser explicado por parte de los responsables, pero de todas formas queda un sinsabor y es que en plena crisis, cuando todos tenemos que hacer sacrificios, los mismos de siempre, los ricos terminen beneficiados por el Estado cuando debería todo estar dirigido a los pobres que son los que en verdad sienten en el bolsillo las consecuencias de lo que está pasando. Esto en verdad no tiene presentación.
También nos enteramos que algunas entidades del Estado, en días pasados, compraron carros blindados para sus funcionarios y los montos no eran precisamente bajos. Surge la pregunta, ¿era necesario hacer ese gasto en este momento cuando a otros funcionarios públicos se les está exigiendo el 15 y hasta el 20% de su salario como un aporte solidario porque supuestamente el Estado necesita dinero? Sin duda un mensaje contradictorio por parte del gobierno.
Es lamentable que se aproveche la calamidad social en la que estamos para el beneficio personal de unos pocos y que el gobierno no sea coherente con el discurso frente a sus ciudadanos.
