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Cualquier crítica a la administración de Neiva es respondida y resuelta por el alcalde Lara Sánchez como una ofensa a la memoria de su padre, el exministro Lara Bonilla.
“Algunos viven del abusivo empleo de la memoria paterna”, comenta Mario Madrid-Malo sobre otros personajes.
Hay funcionarios que no resisten el examen de sus actividades públicas, aduciendo discriminación por ser gais o negros.
Lara Sánchez se enoja (quizá se pone energúmeno) porque un periodista serio –Jorge Gómez Pinilla- publica en El Espectador un carnudo informe que, en suma, se refiere al pago de favores políticos a través de la contratación oficial.
Gómez es hombre curtido en estas lides, desde sus tiempos en la revista Alternativa, con Enrique Santos Calderón y Gabriel García Márquez. Ha sido columnista de El Tiempo y revista Semana, entre otros medios. Se le reconoce autoridad y peso en el gremio, a nivel nacional.
Admite Lara que no quiso responder a la invitación que le hizo el periodista a opinar sobre el asunto del “hombre del maletín” y la elección fraudulenta del contralor y la personera. Pero se queja del trato recibido, la publicación de varias verdades.
¿Dirá Lara que ofenden a su familia cuando se revele todo el fango que su querida Cielo Ortíz dejó en las Empresas Públicas de Neiva?. Uso la palabra “querida”, no en términos costeños sino por su presencia nerviosa y vehemente en el concejo de la ciudad para defender a la señora Ortíz, cuando fue citada –ella, no el alcalde- a un debate público.
El nuevo contralor de Neiva, Edwin Riaño Cortés, admite que la mitad de la avalancha de denuncias recibidas desde su reciente posesión (menos de un mes) se relacionan con supuestos hechos de corrupción en las Empresas Públicas.
Le aporto, a manera de colaboración, un caso, donde la ciudad ha perdido varios millones. En 2009 EPN contrató por $5 mil millones los estudios de impacto ambiental sobre la futura PTAR, planta de tratamiento de aguas residuales. Le pagó $2.500 al consorcio representado por Benjamín Barrero.
Cuando llegó a la gerencia Cielo Ortíz desconoció el contrato, no pagó la cifra restante y tampoco lo finiquitó, razón por la que el consorcio Neiva 2009 está reclamando la segunda parte.
Las primeras conclusiones fueron utilizadas para ordenar un segundo estudio con la empresa HIRDOSAN SAS, representada por Jorge Arboleda Valencia. Empresas Públicas contrató “la actualización” de los estudios por $696.403.994 e hizo la reserva presupuestal para el pago respectivo (15 de agosto de 2017).
Lo realmente grave es que todavía no hay estudios definitivos y obviamente ninguna solución al problema ambiental y contaminación del río Magdalena.
Ante estos “éxitos” y otros mas onerosos para los neivanos, la señora Ortíz ahorró lo suficiente para emprender su campaña a la alcaldía. La reemplaza una íntima amiga que le cuida la espalda y le rinde informes. No al alcalde, despistado en estos y otros asuntos, incómodo por la falta de seriedad de los periodistas.
