La gobernación del Huila estuvo vacante por una semana

Es posible que muchas decisiones (decretos, resoluciones, compras, nombramientos o traslados) carezcan de vigencia, si los firmó la Secretaria de Gobierno, Liliana Vásquez de Bravo, en ausencia del gobernador Carlos Julio González.

Mediante decreto 115 de 2016, González designó como gobernadora encargada a la señora Vásquez, para que lo reemplazara los días 27 y 28 de enero. Pero el 29 le hicieron una cirugía al mandatario seccional y lo incapacitaron por diez días.

El 1 de febrero solicitan que el presidente o el ministro del interior autoricen la incapacidad y el mismo día el alto gobierno pide que “la transcriban”, es decir que la firme una EPS y no un médico particular, como estaba. Lo hacen el 4 de febrero. Al día siguiente, devuelven el trámite por extemporáneo.

Hubo, entonces, en términos jurídicos y prácticos una vacancia del cargo. Y nada que haya firmado como gobernadora encargada la señora Vásquez tiene validez legal.

La secretaria de gobierno no estaba facultada por Presidencia ni por el Ministerio del Interior para ejercer el cargo de gobernadora.

El asunto parece ser minúsculo, pero resulta de enorme importancia si la funcionaria firmó como gobernadora, no estando autorizada legalmente.

Es la diferencia entre una finca y una gobernación. En la primera, el dueño se larga cuando quiere, sin permiso ni licencia. En un cargo oficial hay unos trámites obligatorios que se cumplen o producen acefalías y errores administrativos. En ocasiones las ausencias sirven para que un funcionario menor resulte firmando un entuerto mayor.

El gobernador le queda debiendo al Huila (no a mí, mero espectador) la explicación sobre los males que lo aquejan y que obligaron a una intervención quirúrgica. Es posible que nunca lo haga, por la costumbre de “dejar pasar”, como estrategia política. El olvido se utiliza como herramienta terminante para prescribir responsabilidades, en un país donde la justicia es morosa –cuando no inoperante- y la memoria farragosa en una vida que marcha tan rauda, tan deprisa.

La señora Vásquez, esposa del exsenador Bravo, quien pagó cárcel por un hecho de corrupción en su gobernación, deberá pisar fino en la administración de los González Villa, enseñados como están a manosear las leyes y caminar por el filo de la ilegalidad.

Es posible que ellos –los González Villa- carezcan de escrúpulos, pero sería una lástima que la muy dulce señora también sea presa del festín. Y me temo que si no aclara la situación referida, ya hace parte de la corruptela y el desmadre, en un gobierno que antes de posesionarse tenía ese sello, por antecedentes de familia. En twitter: @artunduaga_

Alcaldía de Neiva crea el departamento de chuzadas

Varios funcionarios de la administración municipal tienen la responsabilidad de hurgar en el Facebook de sus funcionarios y candidatos a un puesto o contrato, en busca de una frase que ponga en duda la lealtad –presente y pasada- con el gobierno de Rodrigo Lara Sánchez.

Los fisgones en las Empresas Públicas (y otras entidades) han sido implacables y confiesan orgullosos haber frenado la vinculación de personas peligrosas que cometieron “el delito” de haber apoyado otro candidato o –también condenable- haber descalificado al ahora alcalde.

Tuve directo conocimiento de un caso, pero –investigando el asunto- me encontré que se ha vuelto “política” de la administración y credo a cumplir. Me imagino que la red de espionaje se extenderá a twitter y a teléfonos, para institucionalizar la perversa costumbre, por la cual hay algunos personajes en la cárcel.

El bolsillo sin fondo del huilense Armando Ariza

Dicen que lo que más duele es el bolsillo y la Fiscalía se está metiendo con los bienes que adquirió –casi todos de manera fraudulenta- Armando Ariza, exdirector de Comfamiliar, hoy en la cárcel. Se calcula inicialmente en $11 mil millones lo que han logrado aprehender.

Por fortuna tenemos fiscalía y mejor aún un vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, orgullo de los huilenses, no sólo por su categórica lucha contra la corrupción en el Huila sino por los reconocimientos nacionales que hoy se le hacen por su labor erguida, inteligente y honorable en todo el país.

El saqueo a Comfamiliar y el director ladrón

Es protuberante que las Cajas de Compensación son ruedas sueltas, sin mayor control del gobierno, más antes que ahora. Se convirtieron en poderosas máquinas de captar dinero que -la mayor de las veces- despilfarran sus directivos.

La raquítica superintendencia que los controla era un hazmerreir. Los funcionarios que iban a supervisar terminaban generalmente borrachos de todo, incluyendo el entusiasmo.

Armando Ariza, el director de Comfamiliar en el Huila (que abrió sucursales en Boyará y otras regiones) fue durante 20 años el mandamás de la región, por el poder económico abrumador que le dejaba el 4% del aporte de todos los trabajadores, como ordena por ley. Semejante chorro de dinero lo invertía o se lo gastaba arbitrariamente.

La Fiscalía mira hacia Pitalito

El asesinato de la periodista Flor Alba Núñez ha hecho que la Fiscalía mire más hacia Pitalito, por diferentes situaciones de corrupción y los vínculos de algunos sujetos con el llamado Cartel de Saladoblanco y varios narcos del Caquetá y Putumayo.

Vamos con Pitalito y después “ampliamos fronteras”, como dicen por ahí pomposamente.